Luego de 12 años de haberse descriminalizado, en 2020, la Ley 31040 modificó el Código Penal estableciendo que las conductas anticompetitivas no sólo serían infracciones administrativas, sino que constituirían delitos punibles con prisión. Este cambio modificó significativamente riesgos e incentivos para las empresas y sus ejecutivos, así como puso en peligro la efectividad del programa de clemencia (colaboración eficaz) que el Indecopi, en el ámbito administrativo, había desarrollado con éxito en los últimos años. Recientemente, el 7 de junio de este año se publicó la Ley 31175 que pretendió reconciliar los regímenes administrativo y penal, alineándolos hacia el mismo objetivo de combatir los cárteles.